¿Cómo entender la crisis de Nicaragua?

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El académico nicaragüense, Arturo Cruz, elaboró un análisis exquisito que permite descifrar las claves de lo que está pasando con el gobierno de Daniel Ortega y la inestabilidad sociopolítica que hunde a ese país mientras no se resuelva la situación.

Cruz desarrolló las etapas de la evolución del modelo autoritario del mandatario del 2008 a la fecha. Además, explica porqué la ayuda venezolana hacia Nicaragua inicialmente le permitió distribuir a Ortega beneficios generosos y cómo la disminución de esos aportes en los últimos años marcaron el comienzo de la crisis actual.

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Arturo Cruz. Foto tomada de Confidencial.

Cruz es profesor en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en Managua, y fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos (2007-2009).

Por Arturo Cruz

Los números de Venezuela

Es imposible entender la crisis actual en Nicaragua sin comprender las cifras de la ayuda de Venezuela. Todo lo que ha pasado últimamente fluye de esos números y sus secuencias anuales.

Técnicamente, estos números en su mayoría representan los plazos para los pagos diferidos del petróleo dado por la petrolera estatal venezolana (PdVSA) a una subsidiaria en Nicaragua (Albanisa).

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Fuente: Banco Central de Nicaragua, Informe de Cooperación Oficial Externa, I Semestre 2018 (Managua: Octubre 2018)

El punto esencial, sin embargo, es que estos “pagos diferidos” nunca tuvieron la intención de ser pagados. Como resultado práctico, a Daniel Ortega se le entregó entonces una cantidad significativa de fondos venezolanos para ser usados a su gusto y antojo. Los subsidios reflejan la manera en que Ortega gobernó en la década de los 80, cuando también tuvo un patrocinador financiero extranjero, la Unión Soviética, para gobernar.

El nuevo modelo autoritario de Ortega

“Populismo fiscalmente responsable”

En lugar de adoptar el modelo del “socialismo del siglo XXI” del presidente venezolano Hugo Chávez, Ortega, que ha aprendido muchas lecciones sobre cómo no administrar una economía después de presidir el desastre de los años 80, decidió usar los fondos venezolanos para ensamblar un modelo diferente de gobierno autoritario. Su modelo puede ser llamado “populismo fiscalmente responsable”, con cuatro características esenciales:

1. Gastar en su base de clientes. Invertir fondos para mejorar la vida diaria de su base de clientes políticos (p.e. bonos para trabajadores gubernamentales, techos de zinc para campesinos y una gran cantidad de programas para clientes con objetivos similares).

2. No acumular deuda pública significativa. Obtener el favor del Fondo Monetario Internacional (FMI), de agencias de calificación internacional y de inversionistas extranjeros al evitar una deuda gubernamental significativa y al mantener la estabilidad macroeconómica a través de la disciplina fiscal.

3. Mantener la seguridad pública. Mantener a las maras y a los principales carteles de drogas alejados de Nicaragua, de modo que el público nicaragüense y extranjero se sienta seguro en comparación con otros países de Centro América.

4. Formar una alianza con el sector empresarial. Entrar en una “alianza de trabajo” o pacto nicaragüense clásico, pero esta vez no con un partido político, sino con el sector empresarial organizado del país, bajo el paraguas del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Podría decirse que la alianza con el sector empresarial fue probablemente el componente más innovador del nuevo modelo de Ortega, especialmente dada su experiencia como guerrillero armado revolucionario. Ortega estuvo esencialmente de acuerdo en no tomar ninguna decisión importante relacionada con la economía sin antes involucrar al Cosep y negociar con él.

Tim Rogers, uno de los mejores escritores sobre Nicaragua de la última década, describe brillantemente como funcionó esta crucial alianza en su artículo de 2013 sobre los cambios constitucionales que Ortega estaba forzando en ese momento.

“Las decisiones más importantes sobre el futuro de Nicaragua se negocian en privado entre el presidente (Ortega) y el Cosep, la cámara empresarial más grande del país.

A diferencia de otros grupos de oposición que se quejaron sobre las reformas (constitucionales) sin ningún resultado, el Cosep pudo negociar hábilmente un nuevo proyecto de ley que protegía su propia cuota de poder al tiempo que suavizaba sustancialmente el asalto de los sandinistas a la democracia institucional de Nicaragua.

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Si bien esta alianza difícilmente es un ejercicio de trasparencia o democracia representativa, si fomenta la negociación y el compromiso, lo que es mejor que en una autocracia sin control.

El Cosep, por supuesto, es un contrapeso imperfecto del politburó sandinista, que representa a una clase capitalista recién enriquecida cuyos intereses se superponen en gran medida a los de las grandes empresas. Pero hasta que la oposición política de Nicaragua deje de eludir sus responsabilidades con la nación, el pacto pluticrático es todo lo que separa a Nicaragua de la regla arbitraria de una monarquía connubial”.

La década contradictoria (2008-2017)

Decadencia Política Bruta en medio del Progreso Económico y Social

La década de Ortega de “populismo fiscalmente responsable” impulsada por Venezuela produjo varios resultados contradictorios e irónicos. Para la democracia, la década fue un desastre. Empezando con las elecciones municipales en 2008, Daniel Ortega terminó de manera decisiva las elecciones libres y justas que caracterizaban la vida política nicaragüense desde 1990.

El régimen de Ortega usó su maquinaria de control de recuento de elecciones para ejercer el control total de la Asamblea Nacional. Eso, combinado con su poder ejecutivo, dio a Ortega el control de todas las instituciones gubernamentales. Este poder fue eventualmente usado para reescribir la constitución. Políticamente, se conservó la apariencia democrática de las estructuras e instituciones, pero eran fachadas. La única restricción práctica sobre Ortega fue el acuerdo informal, no institucional, con el COSEP para negociar decisiones importantes con ellos.

Si bien la democracia desapareció inexorablemente en su totalidad salvo en su forma casi vacía, el modelo de cuatro componentes de Ortega produjo un aumento económico consistente e impresionante. Esto promedió cerca del 5% al año, impulsado por la inversión extranjera directa, la inversión local, las exportaciones, los préstamos de los bancos multilaterales, las mejoras en infraestructura y carreteras, la expansión de las zonas de libre comercio (que incrementó el empleo en el sector formal) y con un sector turístico en auge como broche de oro. A medida que la economía creció, también hubo progreso social, reflejado en una reducción de la pobreza, creación de más espacios públicos, un agresivo programa de electrificación rural y una disminución de las tasas de homicidios.

Crucialmente, el rango de tendencias económicas y sociales positivas generó una cierta tolerancia, tanto a nivel nacional como internacional, hacia la naturaleza autoritaria y antidemocrática del régimen y hacia el grado de corrupción gubernamental asociada con la ayuda venezolana. En resumen, durante la década entre 2008 y 2017 el modelo autoritario de los cuatros componentes de Ortega, atados a la ayuda venezolana, parecía estar produciendo una Nicaragua cada vez más próspera y estable en una América Central que, de otro modo, se veía afectada por la inestabilidad, la pobreza y la violencia, todas causas fundamentales de la migración.

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¿Era sostenible el modelo de Ortega?

A mediados del 2013, al presentar un documento de trabajo ante un grupo de expertos de Washington, D.C, reconocí que el progreso económico y social se estaba produciendo bajo el modelo del “populismo fiscalmente responsable”, pero planteé algunas preguntas acerca de su sostenibilidad. El documento preguntaba qué pasaría con el modelo si surgiera uno de los siguientes desafíos, o los tres:

1. ¿Qué pasaría si los fondos de Venezuela comenzarán a agotarse, igual como sucedió con el apoyo soviético durante el primer gobierno de Ortega en 1980?

2. ¿Qué pasaría si el abundante flujo actual de préstamos bancarios multilaterales comenzara a disminuir?

3. ¿Qué pasaría si el creciente número de ciudadanos (en lugar de “clientes”) que estaba surgiendo de manera natural debido al crecimiento económico y social, se volviera más exigente con respecto a lo que ellos quisieran del gobierno, como por ejemplo en términos de libertad y democracia y menos corrupción?

¿Podría el modelo de autoritarismo de Ortega sobrevivir a uno o la combinación de estos tres desafíos?

El primero de estos desafíos para el modelo surgió de manera decisiva en 2016. La ayuda venezolana se estaba agotando. A medida que el modelo de Chávez del socialismo del siglo XXI sufría una desaparición demasiado predecible, los fondos disponibles para Ortega provenientes de una economía venezolana en crisis, comenzaron a disminuir significativamente. Los $560 millones de 2012 habían caído a $136 millones en 2016, y la tendencia a la baja para los próximos años era clara.

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En este sentido, en la primera mitad del 2016, el régimen de Ortega se enfrentó con una elección estratégica de grandes consecuencias para él y para Nicaragua. El régimen se encontraba en una encrucijada, caracterizada por dos difíciles escogencias:

Legitimidad electoral. Ortega podía tomar ventaja de su éxito económico y social, junto con la muy dividida y débil oposición y proceder en noviembre de 2016 con una elección libre y transparente con observadores certificados de la sociedad civil y la comunidad internacional. Ortega habría ganado la presidencia, aunque con un margen de victoria más bajo que en las elecciones “gestionadas” anteriores. El régimen probablemente también habría tenido que soportar alguna oposición real en la Asamblea Nacional. Sin embargo, Ortega seguiría siendo el líder innegable de Nicaragua y, crucialmente, sería reconocido a nivel nacional e internacional como un gobernante legítimo. Esto, a su vez, le daría un espacio trascendental para maniobrar a fin de enfrentar los desafíos de gobernar la nación con menos recursos ante la disminución de la ayuda venezolana.

Sucesión familiar. Ortega podía elegir la ruta de sucesión familiar e intentar crear una dinastía (como Somoza y otros caudillos a lo largo de la historia de Nicaragua). Esto podría requerir una forma mucho más centralizada de autoritarismo comparado al autoritarismo suave permitido por la disponibilidad de la ayuda venezolana.
Para la primera mitad del 2016, no estaba clara cuál de las rutas elegiría el régimen Ortega-Murillo. (Algunos de nosotros los estábamos presionando para que vieran las ventajas de la legitimidad electoral, algo que podía consolidar su legado y crear un futuro seguro para sus hijos y para ellos en términos financieros). Sin embargo, en el verano de 2016, Ortega y Murillo rechazaron el camino de la legitimidad electoral y optaron de manera decisiva y dramática por la sucesión familiar indefinida. No se permitieron observadores internacionales en las elecciones de Noviembre 2016, el principal candidato opositor fue despojado de su partido político y varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos fueron expulsados del país. Todo esto se remató cuando Daniel nombró a su esposa, Rosario Murillo, candidata a la vicepresidencia y presunta heredera de una dinastía familiar. La decisión fue clara.

Poco después de las “elecciones gestionadas” de noviembre 2016, comenzó a surgir el segundo desafío al modelo de gobierno de Ortega, una posible reducción en el flujo continuo de préstamos de los bancos multilaterales. Los Estados Unidos bloquearon de manera silenciosa pero decisiva un “préstamo sobre póliza” a Nicaragua del Banco Interamericano de Desarrollo (consistía en fondos para tapar un hoyo en el presupuesto por el gasto excesivo del gobierno en un año electoral). Esto significó un cañonazo en contra de la trayectoria en la que se encontraba el país. Más grave aún, se introdujo la “Nica Act” que, de ser aprobada, requeriría que los Estados Unidos votaran en contra de la mayoría de los préstamos de los bancos multilaterales a Nicaragua.

El año de la centralización de poder en la Vicepresidencia

La presión comienza a crecer

Para hacer que funcione la vía de la sucesión familiar, el régimen Ortega-Murillo necesitaba concentrar el poder aún más. En términos prácticos, eso significaba concentrar más poder directamente en manos de la vicepresidenta, ya que ella era la parte administrativa y de gestión (los detalles) de la “pareja real”, mientras Ortega era la cara (liderazgo y carisma).

Durante el 2017, algunas cosas se aceleraron para poner más y más autoridad en sus manos, hasta en los detalles más pequeños. Por ejemplo, se prohibió a ciertos funcionarios públicos hablar con los ministros sin su autorización previa, todas las comunicaciones del gobierno tenían que ser autorizadas por ella, a algunos funcionarios que antes habían viajado libremente fuera del país ahora se les prohibía hacerlo sin su autorización personal, etc.

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Se reducía cada vez más la independencia y el alcance para cualquier persona en el gobierno y se transfería a ella. También en el 2017, la vicepresidenta culminó en gran parte su esfuerzo por barrer a los sandinistas tradicionales de sus posiciones y reemplazarlos por jóvenes más leales a ella. A lo largo del 2017, en pequeña o gran medida, pero en última instancia de manera integral, el poder se concentró en un grado sin precedentes en las manos de la vicepresidenta Rosario Murillo. Esto se dio, aunque ella nunca había gozado de los niveles de popularidad de su marido, ni en el país ni en el Partido Sandinista.

En 2017 surgió el tercer desafío al modelo de Ortega, de una población nicaragüense que tenía comparativamente más ciudadanos y menos clientes: más ciudadanos debido a la relativa prosperidad económica de las décadas previas, y menos clientes porque el gasto social disminuyó a la par de los niveles cada vez más bajos de la ayuda venezolana. El descontento nacional fue aumentando en múltiples sectores. A medida que el gobierno se deslizaba hacia la dictadura, la comunidad empresarial se sintió cada vez más incómoda con su rol de “alianza” con Ortega y Murillo.

El ala tradicional del partido sandinista que había sido marginada por Murillo no estaba contenta. Los Estados Unidos y muchos en la comunidad internacional estaban cada vez más preocupados por la dirección política del país. Y quizás lo más crucial a la luz de los eventos posteriores, los jóvenes del país no estaban contentos y todos estaban conectados en redes sociales.

Las redes sociales fueron cruciales para la acumulación de presión. De acuerdo con la encuesta de la firma Latinobarómetro en 2013, un 78% de nicaragüenses informaron que nunca habían usado email o se habían conectado al Internet. Para el 2017, 43% estaba conectado y solo en ese año se agregaron 500,000 nuevos usuarios a la comunidad digital de Nicaragua. Irónicamente, el régimen de Ortega estaba aumentando el impacto de la expansión del uso de las redes sociales, proveyendo Wifi gratis en plazas públicas como parte de su programa para mejorar los espacios públicos. Además, la prosperidad económica estaba mandando a más personas a estudiar: 200,000 jóvenes se matricularon en la universidad y muchos descubrieron que la única manera de obtener un trabajo acorde con su título era tener conexiones con élites adineradas o ser miembro del partido sandinista. Muchos de estos jóvenes sintieron que el sistema estaba manipulado.

2018: el punto de inflexión 

El aumento de la presión a lo largo del 2017 continuó en el 2018. A nivel internacional, Estados Unidos aplicó a Roberto Rivas – quien fue presidente del Consejo Supremo Electoral y lideró de manera confiable las “elecciones gestionadas” para Ortega desde 2008 – las sanciones de su nueva Global Magnitsky, lo que obligó al régimen a sacarlo.

El descontento de los Estados Unidos se vio reforzado cuando, luego de una acción de la Cámara de Representante de los Estados Unidos, se presentó la “Nica Act” en el Senado, amenazando aún más el flujo de larga data de los préstamos bancarios multilaterales a Nicaragua. A esto le siguió que una directiva reformista ganara las elecciones de la Cámara de Comercio Americana (Amcham), demostrando un creciente descontento del sector empresarial con el estado de la “alianza”.

Ortega y Murillo lograron enojar aún más a los jóvenes al hablar de las nuevas restricciones gubernamentales en cuanto al uso de redes sociales y posteriormente la gestión inadecuada de un gran incendio forestal en una biosfera de sensibilidad ecológica. El manejo del incendio provocó una pequeña protesta juvenil en la calle, algo que no había ocurrido en mucho tiempo.

Para el primer trimestre del 2018, los tres desafíos para el modelo de Ortega estaban en pleno auge – el agotamiento de la ayuda venezolana, las amenazas a los generosos préstamos a Nicaragua por bancos multilaterales de desarrollo, y el más importante, una población que se comportaba más como ciudadanos que como clientes. Los grupos recién movilizados veían a la nueva dinastía familiar de Nicaragua como un asalto a su dignidad y a su futuro. Y esto, con un gobierno que ya no contaba más con los fondos venezolanos para satisfacer tantas necesidades inmediatas de la población.

Finalmente, en abril del 2018, llego un punto de inflexión clásico. Los puntos de inflexión por definición son impredecibles y este vino de una forma que pocos habrían adivinado: la reforma de la seguridad social. Una combinación de malos manejos, corrupción y el envejecimiento de la población básicamente habían colocado al Instituto de Seguridad Social al borde de la bancarrota, y no había fondos venezolanos para remediar la situación. El gobierno tenía que canalizar cada vez más fondos del presupuesto nacional para reforzar el sistema de seguridad social a menos que se instituyeran reformas duras y dolorosas. La era del “populismo fiscalmente responsable”, que satisfacía las necesidades de los clientes políticos al tiempo que mantenía el presupuesto en orden, había desaparecido. La destrucción del modelo autoritario de Ortega-Murillo se llevó a cabo en cinco días consecutivos.

16 de abril. Con la apertura de la sesión de primavera del FMI en Washington, D.C. y sin advertencia ni preparación, el gobierno anunció una serie de dolorosas reformas a la seguridad social que enojaron y sorprendieron al público. Fundamentalmente, esas reformas fueron diseñadas sin la negociación del sector empresarial. Esto fue el clavo en el ataúd para la alianza entre el gobierno y el sector empresarial, algo que se había venido marchitando a lo largo del 2017 bajo la incesante concentración de poder en manos de la vicepresidenta. El COSEP y el sector empresarial se rebelaron y se opusieron abiertamente a la acción del gobierno.

17 de abril. Al día siguiente un número de personas mayores salieron a protestar por el recorte de sus pensiones y fueron maltratados por fuerzas gubernamentales. Esto constituyó uno de los actos de represión gubernamental más estúpidos y trascendentales en la historia de Nicaragua. Los que están en el poder claramente no se dieron cuenta del hecho que, con la nueva saturación de las redes sociales, el maltrato a las personas mayores sería capturado en videos de celulares y se distribuirían en las redes sociales.

18-20 de abril. Estudiantes ya intranquilos salieron a protestar por el trato que recibieron los jubilados. El aparato represivo del gobierno reaccionó abriendo fuego y matando a estudiantes. En repuesta, el país explotó.

Lo que sucedió en Nicaragua desde abril del 2018 ha sido extensamente narrado en medios nacionales e internacionales. Los asesinatos impactantes de manifestantes estudiantiles galvanizaron a la mayoría del país, que ya se oponía a la ruta de sucesión establecida por la familia Ortega. Tras una serie de protestas masivas en las calles y un aumento en el número de muertos, el gobierno y una coalición opositora conocida como la Alianza Cívica iniciaron un diálogo nacional. El objetivo de la oposición era negociar la renuncia de Ortega y Murillo o el llamado a elecciones adelantadas para sacarlos de la presidencia. Esta última opción llegó a ser conocida como un “aterrizaje suave”.

Pero estas demandas no se cumplieron. El día de la marcha antigubernamental más grande en la historia reciente del país, los sandinistas respondieron matando a una docena de protestantes. Esto tuvo un efecto atenuante en las protestas siguientes, aun cuando el régimen de Ortega emprendió una campaña sistemática y violenta para retomar el control, utilizando fuerzas combinadas de policía y paramilitares leales a Daniel Ortega. A estas fuerzas les dijeron que peleaban en contra de un golpe de estado por parte de “derechistas” nacionales e internacionales dispuestos a destruir “la Revolución”. Las fuerzas combinadas desmantelaron de manera sistemática los tranques, mataron a más de 300 personas e hirieron a miles más en el proceso de recuperar el control total por parte del gobierno.

¿Dónde estamos ahora? Un Estado policial con una prensa libre

Después de recuperar el control, el régimen rápidamente se movió a lo que la CIDH llama la “tercera fase de la represión”. Los opositores del gobierno ahora se definen legalmente como “terroristas”, las manifestaciones son ilegales para todos los propósitos, cualquiera puede ser detenido y encarcelado, y todo el mundo lo sabe. El modelo de “populismo fiscalmente responsable” ha sido reemplazado por un estado policial clásico donde el motivo político dominante es que la oposición puede ser asesinada, encarcelada o forzada al exilio a voluntad y cualquiera que se piense que no es un sandinista entusiasta está siendo despedidos de sus trabajos.

Existe una tensa calma forzada debido al despliegue de poder de la policía armada, el hostigamiento y las amenazas contra los opositores, todo ello en un contexto de miedo e incertidumbre típico de los estados policiales. Por ahora, la única excepción al estado policial clásico es que la prensa es hostigada, pero aún sigue siendo libre en gran parte. Confidencial, La Prensa, Nueva Diario, 100% Noticias y otros pueden criticar al gobierno con brío y determinación. Si los Ortegas proceden a cerrar esta prensa libre, la transición a un modelo de estado policial completo se concretará.

Por su naturaleza, el estado policial de sucesión familiar de Ortega-Murillo se está degradando progresivamente, llevándose consigo el progreso económico y social de una década llena de contradicciones.

Al igual que al final el petróleo venezolano no ha ayudado al pueblo venezolano, parece que todo el dinero del petróleo venezolano donado a Nicaragua tampoco terminará ayudando a Nicaragua. Este es un nuevo giro en lo que se conoce como la “maldición de los recursos”, que rebotó del régimen venezolano Chávez-Maduro a la Nicaragua que no produce petróleo.

 

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1 Comentario

  1. Los corrigo, los video y fotografías de ciudadanos civiles y policías asesinados atroz mente que fueron subidos a la red fueron grupos de oposición los causantes que cometieron esos crímenes espelusnates, los invito a buscar los testimonios de los familiares de las víctimas, donde relatan como las fuerzas opositoras mataron y quemaron a sus parientes en la calle justificando que eran sandinistas y merecían morir.. Es muy facil echarle a un gobierno toda la culpa y es muy difícil aceptar que EEUU donó mas de 4 millones de dólares para el pago de los grupos antiSandinistas a través de las ONG y medios de comunicación, aqui los vimos matando a los sandinistas.. Así que una redacción muy bien elaborada por un profesional en economía no va a cambiar la visión que la mayoría de Nicaraguenses tiene de la OPOCISION SANGRIENTA
    ( ALIANZA CIVICA)

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