Policía de Ortega allana sin orden judicial cinco ONG y medios que lo critican

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Cinco ONG y los medios Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, denunciaron abiertamente al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por ordenar varios allanamientos en sus oficinas sin contar con una orden judicial.

La acción la llevaron a cabo agentes de la Policía Nacional de ese país entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Durante los cumplimientos, los oficiales golpearon a vigilantes de las sedes, robaron dinero, teléfonos celulares a algunas madres de manifestantes presos, entre otros, de acuerdo a lo expresado por representantes de las ONG.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los allanamientos.

«La CIDH condena esta situación, que es una clara violación al derecho de asociación y de libertad de expresión, que son inalienables», manifestó la coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), establecido por la CIDH, Ana María Tello.

Las ONG afectadas son el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación del Río, y Popol Na.

El medio Confidencial, de Chamorro, informó sobre este atentado contra la libertad de prensa. «Las oficinas de Confidencial, donde funciona la redacción de esta revista semanal y diario digital y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, fueron asaltadas ilegal y violentamente por oficiales de la Policía Nacional, leal al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cerca de la medianoche de este jueves», se aprecia en parte de la publicación.

El periodista Chamorro señaló como responsable directo de la situación a Ortega en un tuit que escribió en su perfil.

Los allanamientos ocurren en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de «golpistas», «terroristas» y «delincuentes comunes».

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