Mujeres nicaragüenses viven acorraladas

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De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, Nicaragua posee los peores índices del continente en materia de derechos de las mujeres y niñas.

En junio del 2017, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (número 779) por orden de Daniel Ortega, que reducía a la esfera privada el alcance de la definición de feminicidio, con lo cual limitaba ese delito a las relaciones entre cónyuges o integrantes de otro tipo de pareja sentimental.

Entonces, también se introdujo la figura de la mediación para resolver conflictos -en lugar de denunciar delitos- y se crearon con el mismo objetivo una serie de órganos llamados “Consejerías Familiares” que, de acuerdo a las organizaciones de mujeres locales, estaban controlados por la vicepresidente y primera dama, Rosario Murillo (madre de Zoilamérica Narváez, la hijastra del presidente que lo denunció por violación).

El aborto se encuentra prohibido en todas las circunstancias -incluidas violaciones, riesgo de vida para la madre y malformación del feto-, lo que ha convertido a Nicaragua en uno de los países con los índices tanto de embarazo adolescente como de mortalidad materna más elevados de las Américas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Esta legislación ha sido acompañada, en el último año, de una represión feroz por parte del gobierno de Ortega y Murillo contra las organizaciones de mujeres durante las protestas civiles contra su gobierno.

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