Congreso de Ortega aprueba amnistía tramposa para soltar presos políticos

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El Congreso nicaragüense, controlado por Daniel Ortega, aprobó con carácter urgente una Ley de Amnistía que «perdonará» a quienes han cometido delitos en el marco de la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos y decenas de miles en el exilio.

La iniciativa, propuesta por el grupo parlamentario sandinista, que es mayoría absoluta en el Congreso, concede «amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril del 2018 hasta la fecha».

La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.

Por tanto, según ordena la Ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias.

Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de la entrada en vigor de la Ley, deberán obtener su libertad de forma inmediata.

Las autoridades cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas con la amnistía. La norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, exceptuando aquellos regulados en tratados internacionales que Nicaragua es Estado parte. Las personas beneficiadas con la Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas.

La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esa Ley.

La iniciativa fue rechazada por los diputados opositores bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social.

También porque la Ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales fueron un intento de golpe de Estado contra el mandatario.

Con información de EFE.

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