La sombra de la corrupción acecha a Guatemala

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El gobierno guatemalteco cierra el 2018 con una factura pendiente en el combate contra la corrupción.

El presidente de esa nación centroamericana, Jimmy Morales, debió lidiar con diversas protestas al no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y expulsar del país a su máximo responsable, el comisionado colombiano Iván Velásquez.

A pesar de que Guatemala consiguió una apertura internacional importante al organizar la XXVI Cumbre Iberoamericana, en noviembre anterior, un evento del que fue anfitrión por primera vez desde 1991, también se mostraron algunos males que siempre ha padecido: la migración irregular, la vulnerabilidad a los desastres o la corrupción.

En agosto, Morales anunció su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que termina en setiembre del 2019, por considerar que se había extralimitado en sus funciones, que había sembrado el «terror judicial» y que se había convertido en una estructura paralela igual que las que debía combatir.

Días después, a principios de setiembre, aprovechó un viaje de Velásquez a Estados Unidos para prohibirle la entrada, al asegurar que era una «amenaza a la seguridad nacional», una decisión que mantiene hasta hoy a pesar de que la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó a las autoridades que le dejasen entrar.

Todo esto mientras una nueva acusación de financiación electoral ilícita pesaba sobre el mandatario, aunque el Congreso, por segunda vez en los últimos dos años, blindó su inmunidad.

En este contexto, fue el propio Morales el que volvió a reiterar su inocencia asegurando que se trataba de una persecución política, la misma que, según él, ha sufrido su familia, sobre todo su hijo José Manuel y su hermano Sammy, que se enfrentarán a un juicio por supuesto fraude al Estado en el 2013.

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