Diputados al servicio de Sandra Torres cambian delito para su beneficio

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Parece que a los 32 diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), al servicio de la candidata presidencial Sandra Torres, poco les importó acomodar para beneficio de su partido el delito por financiamiento electoral ilícito.

Una de las reformas determinantes que se aplicó a la ley, el pasado 18 de octubre, tiene que ver con que se le quita la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.

Claramente es un traje a la medida para el congresista Orlando Blanco, jefe de la UNE, a quien el Ministerio Público de Guatemala le quitó la inmunidad en marzo anterior pues es investigado por el financiamiento de la campaña electoral de Torres del 2015. En aquel momento, el legislador fungió como secretario general de UNE.

Él es cuestionado porque evitó reportar $285.000 ante el Tribunal Supremo Electoral por transportes aéreos y justificó gastos por $214.000 como aportes.

A principios de octubre, Mynor Moto, juez Tercero Penal, le dio 15 días al MP para que pida audiencia o desestime el caso contra Blanco por el delito de financiamiento electoral ilícito

El MP precisó que el encargado del caso es el Juzgado Sexto Penal y no el Tercero. Agregó que no ha procedido porque está a la espera de la conexión de los expedientes que conoce el Juzgado Sexto.

Otro de los cambios muy cuestionados y que apoyaron los diputados de la UNE es uno que permite la ambigüedad de cualquier aporte que se pueda dar y recibir por las organizaciones políticas el día de las elecciones.

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