La triste historia de un matrimonio salvadoreño que huyó por la amenaza de las maras

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Foto con fines ilustrativos

Tomado de Noticias de Navarra

Sandra es una salvadoreña que cada vez que amanece se despierta con una angustia terrible hasta que el gobierno de España la reconozca como refugiada.

Ella llegó a ese país junto con su esposo el 7 de junio del 2017 y hasta ahora no le han resuelto el trámite.

La pareja salió huyendo de El Salvador ante múltiples amenazas que recibieron de las maras y después del asesinato del suegro de Sandra.

El estatus de refugiado es una protección internacional que les garantizaría residir en España sin ningún problema. Si no aprueban el permiso, Sandra y su esposo se verían obligados a irse a otro país.

«A El Salvador no podemos volver, peligran nuestras vidas», aseguró la mujer al sitio Noticias de Navarra.

El «pecado» de la familia de Sandra fue haber denunciado el asesinato. «Las bandas de pandilleros nos amenazaron, algunas desde la cárcel porque les cayó una alta condena, otras desde fuera».

Sandra padece una discapacidad que le impide trabajar. Ella tiene dos hijos, el mayor está en Costa Rica y el menor «en situación muy delicada porque las maras les obligan a los jóvenes a formar parte de sus organizaciones de delincuencia».

El matrimonio aterrizó en Barcelona donde permanecieron tres meses con apoyo de Cruz Roja. Después viajaron hasta Navarra donde gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han tenido ayuda de todo tipo y una vivienda compartida con otros refugiados.

«Estamos tremendamente agradecidos con el trabajo del equipo de CEAR, hemos participado en cursos de formación, nos han situado en el país y nos han ayudado a buscar un piso de alquiler», comentó.

Ahora viven en un municipio de la Comarca y cuentan con ayudas del Estado dentro del programa de apoyo a los refugiados por el que reciben 1.100 euros para afrontar todos los gastos, más de la mitad son destinados al alquiler de la vivienda.

La situación no es fácil. Ella no puede trabajar y su marido no encuentra empleo por lo que van a pedir una prórroga en el programa por su condición de persona con discapacidad.

«Queremos trabajar, no vivir de las ayudas y, sobre todo, queremos que nos reconozcan nuestra condición de refugiados huidos de nuestro país por la violencia, como tanta gente que está saliendo de Venezuela, Honduras o Guatemala. En nuestro país no podemos denunciar nada porque hay una impunidad total», detalló.

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