Empresas grandes pagarán una millonada si sobornan a funcionarios públicos

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Las empresas grandes que sobornen a un funcionario público deberán pagar multas entre los ¢446 millones y los ¢4.000 millones.

El castigo contra las pequeñas y medianas empresas (pymes) es un poco más suave y se mantuvo entre los ¢13,3 millones y los ¢89,2 millones.

Un juez tendrá la posibilidad de rebajar hasta un 40% de las penas de cárcel por el delito. El cohecho propio quedó con una sanción de entre tres y ocho años de prisión; en un principio el mínimo estaba en cuatro años y el máximo en diez años.

Los diputados aprobaron el proyecto en primer debate con 52 votos y de forma unánime. Se trata del expediente 21.248 «Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos».

El gobierno se mostró complacido con la decisión y sostiene que le permite a Costa Rica tener mejores herramientas en la lucha contra la corrupción.

Esta ley es un requisito para el proceso de ingreso a la OCDE.

El proyecto permitirá perseguir y responsabilizar de forma efectiva a las empresas que cometan actos de soborno contrarios a la administración pública, nacional o extranjera e implementar mecanismos de prevención en las compañías.

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